Una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención del Congreso de Libreros fue el alto nivel de las ponencias presentadas, lo que denotaba un trabajo previo de selección de gran rigor y meticulosidad. Por encima de todas queremos destacar la titulada “Los concursos de suministros de fondos bibliográficos a raíz de la Ley de Contratos del sector público”, presentada por la Librería Canaima de Las Palmas. En ella se muestran algunos de los concursos públicos de Canarias -2.321.701 euros- y se indica a qué empresas han sido concedidos. Ninguno de ellos ha recaído en librerías –con establecimiento en la calle-; tampoco, ni que decir tiene, a ninguna librería de Canarias. Todo esto nos lleva a formularnos algunas reflexiones:
1. Los pliegos de condiciones de los concursos públicos de adquisición de libros son redactados por gerentes ajenos completamente a la problemática del libro.
2. Se valoran con generosidad cosas como el tejuelo, forrado de los libros, catalogación y la incrustación de bandas magnéticas antirrobo. Todos estos servicios son propios de la profesión bibliotecaria y no librera.
3. Se lleva a cabo una valoración desmesurada del factor precio, cuando todos los profesionales del sector sabemos que, una vez efectuado el 15% de descuento obligatorio a bibliotecas, el margen residual que queda en estas operaciones es prácticamente ninguno.
4. Consideramos que este traslado de margen a la biblioteca debería ser soportada a partes iguales entre la librería, el distribuidor y el editor.
5. Ha llegado el momento de recapitular sobre el IAE –Impuesto de Actividades Económicas- en la medida en que sólo se debe otorgar a empresas de venta de libros con establecimientos al público.
6. Sin defender un proteccionismo localista y/o provinciano, sería razonable que las administraciones fueran conscientes de que la mejor protección de las librerías locales viene propiciado por el que recaigan sobre ellas las dotaciones institucionales. La protección de las librerías debe ser un tema prioritario para las administraciones públicas.
7. Cegal debe comenzar a impugnar, a través de sus servicios jurídicos, todos los concursos de suministros de fondos bibliográficos que no respeten la protección de las librerías.
Es evidente que hay que favorecer la competencia, pero entre libreros y librerías; a nadie beneficia, ni al sector ni a las librerías, el apoyo a empresas sin estructura que montan un chiringuito de suministro a bibliotecas desde la cocina de la oficina de un particular. El apoyo real y efectivo a las librerías (no papelerías) empieza a ser una cuestión de Estado.
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